qué es la elusión fiscal

La vía legal  para no pagar impuestos

La elusión fiscal consiste en evitar o retrasar el pago de determinados impuestos, utilizando para ello mecanismos y estrategias legales. Cuando los legisladores redactan una ley, tratan de hacerlo con la máxima precisión posible. A pesar de eso, no es infrecuente que se produzcan ambigüedades en los textos legales, que dan lugar a diferentes interpretaciones. La ley puede entrar en conflicto con otras normas ya existentes o pueden surgir situaciones nuevas que no estaban previstas ni reguladas. Esto último es lo que se conoce como un vacío legal.

Por otro lado, las normas tributarias de los distintos países del mundo no son uniformes en absoluto. Mientras que en los paraísos fiscales los impuestos son prácticamente inexistentes (al menos para los no residentes), algunos estados del norte de Europa aplican a sus ciudadanos y empresas gravámenes cercanos al 50%.
Lo mismo ocurre con la legislación económica y mercantil. Si decide constituir una sociedad, adquirir una propiedad o realizar una inversión en el extranjero, se encontrará con trámites y costes muy distintos dependiendo del país que elija para hacerlo.
Sacando partido a estas diferencias normativas y aprovechando los vacíos legales existentes, en muchos casos es posible reducir sustancialmente o incluso evitar el pago de impuestos de manera legal. 

La elusión fiscal puede ser practicada por cualquier persona, que cuente con un asesoramiento legal y tributario adecuado. Pero son las multinacionales y entidades financieras las que por lo general más se benefician de ella, al disponer de la estructura internacional y los recursos necesarios para poner en marcha auténticas estrategias de ingeniería fiscal.

Como hemos dicho, la elusión fiscal no es un delito, pero es fácil comprender que no es vista con agrado por las autoridades tributarias. Al fin y al cabo por culpa de ella éstas pueden llegar a perder una parte importante de su recaudación. Por ello no es de extrañar que traten de combatirla con todos los medios a su alcance.

Las principales actuaciones están dirigidas a eliminar posibles vacíos legales que favorezcan la elusión. Esto se consigue bien modificando la ley original o complementándola con reglamentos de carácter administrativo. Algunos países van mas lejos y han establecido normas generales anti-elusión. Son conocidas bajo las siglas GAAR (General Anti-Avoidance Rules). Las aplican países como por ejemplo Canadá, Australia o Nueva Zelanda. Otros estados, si bien no disponen de una norma general, sí han promulgado numerosas leyes anti-elusión o anti-paraíso (fiscal). 

Estas medidas son generalmente muy criticadas por la comunidad económica y financiera. Es así porque en el afán de poner freno a la elusión fiscal, muchas veces se dañan intereses comerciales y se atenta contra la libertad de inversión y la libre circulación de capitales.

Así por ejemplo, si es usted accionista de una sociedad radicada en un paraíso fiscal, los beneficios de esta sociedad en muchos países serían considerados como ingresos personales. Esto es así incluso si decidiera no repartir dividendos y por tanto no repatriar estos beneficios a su país de origen. Estaría entonces obligado/a a reportarlos en su declaración de impuestos y tributarían a un tipo impositivo mayor que si estuvieran sometidos al impuesto de sociedades. Es decir, tendría que pagar más impuestos por sus beneficios en el extranjero que si estos se hubieran producido en su propio país, lo que es a todas luces una discriminación. Incluso desde el punto de vista jurídico es una medida discutible, ya que no tiene en cuenta el hecho que una sociedad es una persona jurídica distinta a su propietario o accionista.

La eficacia de este tipo de medidas también resulta cuanto menos dudosa. Teniendo en cuenta que los paraísos fiscales cuentan con legislaciones especiales que no obligan a revelar la identidad de los propietarios y accionistas de las sociedades, éstos en muchos casos simplemente han optado por la ocultación de sus operaciones.  

Las Autoridades por otro lado defienden la legitimidad de las medidas contra la elusión fiscal, argumentando que son necesarias para impedir abusos. Entienden que una serie de actuaciones encadenadas, aun siendo todas legítimas, pueden llegar a constituir delito si son de naturaleza “artificial” y tienen como único fin evitar el pago de impuestos. Por ello tratan de adivinar la intención que se esconde detrás de las operaciones económicas y actuar en caso de sospecha. Sea como fuere, se trata de un terreno espinoso en el que es muy complicado encontrar el equilibrio entre control fiscal y libertad de empresa.

Por último conviene señalar que la elusión fiscal no debe confundirse con la evasión de impuestos (o evasión fiscal), que sí es un delito. Si bien, en teoría son actuaciones muy diferentes, en la práctica la línea que separa a la una de la otra a menudo no está tan claramente definida y no es extraño que evasión y elusión fiscal se acaben entremezclando.

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