La OCDE publicó a 19 de enero una nueva edición actualizada de su reporte de progreso sobre transparencia fiscal, conocido popularmente como “lista gris” de los paraísos fiscales. Los cambios más significativos son la salida de la lista de Antigua y Barbuda, Turks y Caicos además de Samoa, jurisdicciones que han pasado a ser consideradas transparentes, debido a que han firmado los doce acuerdos de cooperación fiscal que la OCDE considera el límite para poder acceder a la “lista blanca”. En el caso de Samoa, han sido una vez más las economías nórdicas (Dinamarca, Islas Feroe, etc.) y algunos otros paraísos fiscales como San Marino o Liechtenstein, los que han permitido blanquear su situación de manera rápida sin hacer ninguna concesión relevante. Antigua y Turks y Caicos han hecho un mayor esfuerzo, incluyendo convenios con el Reino Unido. Igualmente, en la categoría de “otros centros financieros”, Chile no sólo ha sido trasladada a la lista blanca, sino que además ha sido admitida como nuevo miembro de la OCDE.
Desde la famosa cumbre del G-20 en Londres en abril de 2009, se han firmado casi 300 tratados de intercambio de información fiscal o convenios sobre doble imposición, si bien es cierto que una gran parte meramente “simbólicos” o entre las propias jurisdicciones offshore. De los más de 40 paraísos fiscales listados en su día, quedan solamente 19 en la lista gris. Todos ellos se han comprometido ya formalmente a impulsar cambios legislativos para alcanzar una mayor transparencia, aunque no todos se encuentran al mismo nivel en la ejecución de estos compromisos. Mientras algunos como Andorra, Anguilla, Bahamas, las Islas Cook, St. Kitts and Nevis y St. Vincent and the Grenadines se encuentran muy próximos a concluir los 12 acuerdos exigidos que suponen la salida de la lista, otros como Belize o, lo que es más sorprendente, Panamá no han firmado ninguno todavía. No obstante, en algunos casos como en este último se intuyen reformas más profundas a corto plazo, lo que podría traducirse en algún gran acuerdo multilateral que les proyectaría mucho más allá de los 12 acuerdos exigidos, o bien en cambios legislativos más profundos que los sitúen en un contexto totalmente diferente, fuera del ámbito de los paraísos fiscales.
Será interesante seguir los movimientos de última hora, las posibles sanciones que pueda tomar la OCDE y el G-20 contra los no cooperantes y si se revisarán los acuerdos suscritos para determinar su relevancia o legitimidad. De momento la idea de sanciones universales y coordinadas está perdiendo fuelle. La OCDE recientemente ya anunció que las posibles sanciones “deberán ser tomadas por cada Estado”. Sin un sistema coordinado, será muy difícil que una posible sanción resulte eficaz, ya que bastará la utilización de un país intermediario para eludirla. Por otro lado también sería absurdo equiparar un convenio de intercambio de información fiscal con países de impuestos altos como Estados Unidos o Gran Bretaña que a uno firmado entre dos paraísos fiscales o con territorios irrelevantes como las Islas Feroe o Groenlandia. En cualquier caso seguiremos el curso de los acontecimientos, actualizando nuestra lista de paraísos fiscales para ir incorporando todos los cambios que se vayan produciendo. De momento la próxima cita de interés será la reunión que el foro para la transparencia fiscal tiene prevista realizar el próximo mes de marzo.
