Los paraísos fiscales son frecuentemente acusados de lavado de dinero procedente del narcotráfico y de colaborar con la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas. Sin embargo esta imagen, sacada en buena parte de acontecimientos de los años 80 y principios de los noventa, tiene poco que ver con la realidad actual de las jurisdicciones offshore, las cuales llevan aplicando desde hace años estrictas políticas contra el blanqueo de capitales. No obstante, bien sea por interés político o económico, nadie parece interesado en que esta nueva realidad sea conocida, ya que resulta más conveniente que la mayoría de la opinión pública siga manteniendo estas creencias, en buena medida falsas hoy día, contribuyendo así a fomentar el rechazo hacia estos territorios, que suponen un desagradable competidor para las economías avanzadas.
En este sentido, queremos reproducir hoy un artículo que el periodista y escritor vasco Gorka Etxeberría Landaburu publicó hace ya algún tiempo en la plataforma peridística OpinionPress y que versa precisamente sobre este tema, hoy tan en boca de todos.
Donde se lava de verdad el dinero sucio
Por Gorka Etxeberría Landaburu
En muchos países asistimos a una sorprendente campaña de confusión que pretende asociar a los paraísos fiscales con el lavado de dinero procedente del narcotráfico, del tráfico de armas y de otras actividades ilegales. ¿Son los paraísos fiscales, como los denominaba hace poco un diario argentino, una forma más sofisticada de la "cueva de Alí Babá"? En el caso del narcotráfico, el debate es indisociable de otro que también constituye una cuestión clave de nuestro tiempo: la necesidad de liberalizar el consumo y comercio de drogas, como medio de acabar con los imperios mafiosos del narcotráfico, proteger al consumidor y devolver a la gente su libertad. Pero en cualquier caso, muchos ciudadanos han aceptado el insistente argumento que culpa a los paraísos fiscales como centros de lavado. La gran mayoría de los territorios offshore tienen regulaciones extremadamente estrictas en contra del lavado de dinero procedente de actividades ilegales. Muchos de ellos -incluyendo a todo los prestigiosos, donde está la gran mayoría del capital offshore- son signatarios de toda suerte de tratados internacionales y han adoptado leyes durísimas al respecto, generalmente mucho más contundentes que las de los países "normales", precisamente para sacudirse esta injusta imagen de "lavadoras".
Las grandes fortunas del terrorismo, del cartel de Cali o de los oscuros comerciantes en armas no están en Mónaco, Gibraltar o Grand Cayman sino allí donde no levantan sospechas: en las bolsas de Frankfurt, Londres o Nueva York y, sobre todo, en infinidad de propiedades inmobiliarias y empresas de comercio minorista y hostelería (muchas veces mediante cadenas de franquicias), justificando así elevadas inversiones que dan convenientes pérdidas durante años. Miles de testaferros y prestanombres de todo tipo firman las oportunas actas de constitución, cuentas bancarias, etcétera. Usted puede llegar a cualquier banco de un país "normal" y depositar cien mil dólares sin que nadie le pregunte de dónde lo ha sacado, pero intente hacer lo mismo en un paraíso fiscal y se encontrará con un amable "no, gracias". Que los bancos offshore no den cuenta a ninguna Hacienda sobre el origen de sus depósitos no quiere decir que ellos mismos no adopten los controles oportunos. Y cuando no lo hacen pierden sus licencias, como ocurrió hace más de una década con el famoso escándalo del Bank of Credit and Commerce International. Muchos clientes "primerizos" se sorprenden y hasta se asustan al ver cómo el banco mueve cielo y tierra para confirmar la información por ellos suministrada sobre su empresa, fuentes de ingresos, etcétera. Para cualquier depósito de cierta cuantía, es necesario demostrar el origen correcto del dinero, además de ofrecer referencias de bancos y abogados situados en el país de residencia. Esto no vulnera la confidencialidad ni la seguridad del cliente, pero deja tranquilos a los banqueros y abogados del paraíso fiscal. Además, los gobiernos de estos territorios no informan a ningún otro país, pero sí se informan ellos, porque son los primeros interesados en mantener su reputación y en evitar problemas con sus poderosos vecinos.
