Continúa la campaña contra la evasión fiscal y de acoso sobre la banca offshore. Según se ha conocido hoy a través de un importante diario español, Francia habría conseguido los nombres de 3000 evasores fiscales con cuentas en Suiza. No se han facilitado detalles sobre cómo se obtuvo dicha información, si mediante la colaboración de las autoridades suizas, los propios bancos, mediante el soborno de un empleado corrupto como ocurrió en un reciente caso en Liechtenstein o si simplemente hicieron públicos datos resultantes de las habituales investigaciones en materia fiscal.
Entendemos que se trata una vez más de una clara operación propagandística que pretende minar la moral de aquellos que esconden sus capitales en bancos extranjeros. No obstante, la imagen de omnipresencia que pretenden dar las autoridades fiscales de los países con altos impuestos, poco tiene que ver con la realidad.
Las “grandes victorias” que según los medios han obtenido algunas administraciones tributarias, muchas veces no son más que acuerdos de mínimos que se pregonan a bombo y platillo para amedrentar a la opinión pública ante la evasión fiscal.
Veamos sólo como ejemplo el caso del IRS estadounidense contra el banco suizo UBS. Según el acuerdo alcanzado recientemente, el banco cederá los datos de 300 cuentas supuestamente relacionadas con la evasión fiscal, cuando inicialmente el IRS había solicitado 52.000 nombres. El que quiera vender esto como un gran éxito o es un hipócrita o no sabe calcular porcentajes. También es más que probable que en el caso de los 300 supuestos evasores fiscales se trate de individuos lo suficientemente imprudentes para abrir una cuenta en su propio nombre, en vez de utilizar una sociedad offshore formada a tal efecto, o de los que el IRS ya disponía de gran cantidad de información, por lo que seguramente se trataría de casos tan claros que el banco no habría tenido forma de negar la evidencia.
Que el IRS aceptara no ir a juicio por los otros 51.700 casos, da una idea de las esperanzas de éxito que tenía de ganar el juicio. Una vez más se impone el “todo vale” con tal de conseguir unas monedas más para las vacías arcas estatales. Lo que importa en especial, es conseguir titulares para que el ciudadano de a pie entienda que ya no existe impunidad para la evasión fiscal y se lo piense dos veces antes de acudir a la banca offshore para ocultar capitales.
Según parece, esto en parte se está consiguiendo, ya que en los casos de evasión fiscal vistos hasta ahora, el miedo a un juicio es tan sumamente grande, que en muchas ocasiones se prefiere llegar a acuerdos precipitados, antes de evaluar realmente la solidez de las pruebas que tiene la parte contraria.
Recordemos por ejemplo el caso de hace unos meses, en el que las autoridades fiscales alemanas sobornaron a un empleado del banco LGT de Liechtenstein para conseguir un disco con datos de depositantes germanos. Estos, viéndose descubiertos, rápidamente llegaron a acuerdos con el departamento de hacienda, mostrándose dispuestos a pagar importantes sumas, a cambio de eludir la cárcel. ¿Pero realmente habrían ido a la cárcel? ¿Es que acaso ahora es legal conseguir pruebas para un juicio por medio de sobornos y la violación de las leyes de otro país? ¿Habrían resistido estas pruebas delante de un tribunal? Sinceramente es más que dudoso. Todos recordamos casos en los que se absolvieron acusados por la aportación de pruebas ilegales, como escuchas no autorizadas, coacción, etc. Y, la verdad sea dicha, es harto improbable que una orden judicial de un país democrático pudiera autorizar el soborno como método de obtención de pruebas, sobre todo si como consecuencia de él se violan las leyes del otro país. Una cosa es que una central de inteligencia utilice este tipo de métodos para recabar información para sus fines y otra muy distinta es que esto se sostenga ante un tribunal de justicia.
En cualquier caso, es evidente que los grandes bancos, tradicionalmente conocidos por albergar importantes capitales procedentes de la evasión fiscal, encierran un riesgo mucho mayor de recibir coacciones o ser sometidos a operaciones especiales de Gobiernos extranjeros. Este es quizás uno de los motivos por los que están perdiendo popularidad, a favor de entidades de nombres menos “glamourosos”, pero que ofrecen un nivel de seguridad y privacidad mucho mayor, al encontrarse al margen del “torbellino mediático-propagandístico”.
Será interesante conocer, si lo llegamos a saber algún día, de dónde salieron los supuestos 3000 nombres que anunciaron las autoridades francesas y cuál fue el método de obtención. Otro caso de cesión voluntaria de información por parte de un banco suizo, podría cuestionar (al menos delante de la opinión pública) la seguridad de las cuentas en dicho país, lo que provocaría seguramente una huida de capitales hacia otros lugares, o al menos a otros bancos, azuzando de nuevo el fantasma de la descapitalización contra las grandes entidades, ya de por sí tocadas por la crisis.
En cualquier caso, si no se producen amnistías fiscales que incentiven la declaración de capitales no declarados, es obvio la evasión fiscal va a continuar, ya que los evasores no obtendrían ninguna ventaja por “volver al redil” por lo que siempre les compensaría más correr un cierto riesgo. En especial si se demuestra, como se ha podido ver en los ejemplos anteriormente mencionados, que no es tan fiero el león como lo pintan y que la banca offshore, para quien tome las mínimas precauciones que dictan el sentido común, sigue siendo razonablemente segura y privada.
Aileen Rodríguez
Asesora de banca, finanzas e inversiones internacionales.
