El Gobierno de Ecuador aprobó recientemente un decreto que prohíbe la participación en contratos con la administración a cualquier empresa que esté domiciliada en paraísos fiscales o en cuyo accionariado figuren personas o entidades residentes en una jurisdicción offshore. Para poder obtener contratos con las administraciones públicas se hará necesario en un futuro que previamente se determinen de manera clara a todos los accionistas, propietarios o asociados de la empresa aspirante al contrato. De este modo se pretende evitar la contratación mediante “empresas de papel”, como las calificó el presidente ecuatoriano Rafael Correa.
El nuevo decreto se aprueba coincidiendo con un supuesto escándalo en el que se relaciona al hermano mayor del presidente, Fabricio Correa, con varios contratos con el Estado y se estima que la medida afectará a algunos importantes medios de comunicación, que cuentan con participación de empresas offshore en su accionariado.
Ecuador no es el primer país que toma medidas de este tipo. Argentina recientemente ya limitó las transacciones con valores y las inversiones en fondos situados en centros financieros offshore.
No queda claro el alcance que tendrá esta nueva medida de Ecuador y si será capaz de impedir que las empresas contratistas camuflen sus actividades offshore mediante la interposición de sociedades establecidas en países que no sean considerados paraísos fiscales. En cualquier caso se trata de un paso adelante en la pretendida lucha contra la evasión fiscal.
