El blog de los paraísos fiscales

El secreto bancario está amenazado. Esto ya lo sabemos desde hace bastante tiempo. Desde los atentados del 11S el mercado financiero no ha vuelto a ser el mismo. Por la presión de los Estados Unidos no sólo la práctica totalidad de los países han firmado acuerdos de asistencia legal mutua para casos de terrorismo y narcotráfico, sino que además se han endurecido enormemente las condiciones para abrir cuentas bancarias. Para obtener la tan deseada cuenta offshore, el solicitante debe pasar por todo un calvario de legalizaciones, cartas de referencia e incluso revelar toda suerte de datos y detalles personales y sobre su proyecto empresarial o de inversión.

Si estos procedimientos pueden resultar tediosos y molestos, no han supuesto sin embargo una seria amenaza al secreto bancario en sí, ya que, una vez que se haya cumplido con los requisitos iniciales, el banco normalmente se dará por satisfecho y velará entonces por que la información facilitada sea custodiada con todas las garantías, pudiéndose revelar sólo en casos de delitos muy graves.

Todo lo contrario está ocurriendo con lo que podríamos llamar la “segunda ola” de actuación contra el secreto bancario y que tiene el objetivo básico de ampliar los supuestos que todos comparten (delitos como fraude, narcotráfico o terrorismo) al terreno fiscal. Una de las principales exigencias que se piden a los paraísos fiscales, es que pase a considerarse como delito grave también a la evasión de impuestos.

Curiosamente la filosofía “no necesito privacidad, porque soy honrado y no tengo nada que ocultar” es apoyada por una gran mayoría de los ciudadanos de a pie que piensan que el secreto bancario es un invento de ricos y poderosos para poder ocultar su riqueza. Esto sin embargo es una simplificación excesiva. Al igual que no aceptamos que nos pongan una cámara de vigilancia en nuestra casa, no debería darnos igual que personas extrañas, aunque sean funcionarios gubernamentales, tengan acceso a nuestros datos económicos y privados.

¿Porque, seamos sinceros, realmente el Estado podrá garantizar los datos recopilados estén seguros? Recientemente se ha conocido en los medios de comunicación que el Ministerio del Interior español estaba subcontratando a una empresa de traducciones para ayudarles en casos escuchas telefónicas, investigaciones criminales y otos documentos sensibles. Al parecer muchos de los traductores enviados no reunían las garantías suficientes y no sólo en muchos casos no estaban debidamente cualificados, sino que eran contratados sin ningún chequeo de seguridad. Incluso se produjo un caso en el que la empresa envió a un fugitivo de la justicia como intérprete. Teniendo en cuenta que los mencionados traductores trabajaban para la policía judicial y manejaban datos sensibles, esto resulta más que preocupante.

Es sólo un pequeño ejemplo, pero: ¿quién garantizará que nuestros datos bancarios y económicos no acabará en manos de mafias, competidores o cazafortunas? La corrupción y la descoordinación reinante los Organismos Públicos desde luego no tranquilizan mucho. Pero los Gobiernos están decididos a llegar al dinero de sus contribuyentes, aunque se tenga que hacer a base de pisotear cualquier derecho a la privacidad económica. De hecho, si no lo consiguen por los cauces legales, no dudarán en hacerlo por los ilegales.

Esto lo prueban los tres recientes escándalos de venta de datos bancarios ocurridos en Europa. El primero fue el caso LGT en Lichtenstein, donde un empleado sustrajo un CD con datos sobre contribuyentes alemanes que vendió al Gobierno alemán. Posteriormente un responsable de sistemas del banco HSBC en Ginebra facilitó información al Gobierno francés, aunque según este lo hizo de manera altruista y sin pedir nada a cambio (déjenme dudarlo). Suiza, ante lo que considera un grave delito de violación del secreto bancario pidió la extradición de su ciudadano, pero Francia se ha negado a ello y comunicó que tiene intención de usar los datos obtenidos. Pero no fue el último caso. Al parecer al Gobierno alemán tiene una oferta de un informante anónimo que por 2,5 millones de Euros, ofrece datos sobre cuentas en bancos suizos, especialmente del antaño buque insignia del sector el UBS. Este banco ya quedó seriamente tocado por haber sido forzado a colaborar en una investigación fiscal con los Estados Unidos, los cuales pedían la revelación de datos sobre cuentas de ciudadanos norteamericanos.

Curiosamente, lo que en cualquier otro ámbito político o judicial se consideraría como una violación flagrante del derecho internacional, es decir romper la ley de un país democrático para acceder a datos de manera totalmente ilegítima, en el terreno fiscal de repente parece una práctica justa y aceptable. Claro está, que sólo si es para el propio beneficio. Me gustaría ver lo que ocurriría al revés, si un Gobierno de un país en desarrollo comprara datos sobre depositantes en los bancos de la UE. Se ve que en lo fiscal somos bastante menos escrupulosos. Ya se sabe que cuando se trata de la cartera… Si bien estas prácticas han avinagrado en parte las relaciones de Suiza con sus vecinos, destaca la relativa pasividad con la que el Gobierno helvético está enfrentando estos hechos, ya que sus protestas no han sido todo lo contundentes de lo que cabría esperar. Si los empleados de banca ven como algunos colegas suyos roban impunemente datos y cobran millones de dólares por ello, gozando además de la protección de los Gobiernos comunitarios no tardará en cundir el ejemplo.

Si la picaresca se impone, Suiza estaría relativamente indefensa, porque sinceramente, no me imagino un comando de “gurkas suizos” haciendo una incursión en Francia para capturar y llevar ante la justicia al traidor al secreto bancario nacional… Suiza tiene mucho que perder y desde luego es para ella una vergüenza nacional que dos de estos casos se hayan producido justamente en su territorio y no en algún pequeño y corrupto paraíso fiscal de África. Al final va a resultar que los aprendices de banqueros en jurisdicciones offshore que los suizos consideran de “de poca monta”, defienden mejor su pan que los idolatrados banqueros nacionales con siglos de tradición.

Mientras se dilucida como acabarán estos casos, ¿qué puede hacer el ciudadano que no esté dispuesto a renunciar al secreto bancario y verse cazado en las “redes de arrastre” (pues esto ya no es pesca selectiva) de las voraces administraciones tributarias europeas y norteamericanas? Creo que es hora de cambiar conductas.

Tradicionalmente, la opción más segura, o al menos lo que se vendía como tal, era apostar por los grandes nombres de la banca, que eran los que más garantías de secreto bancario y solvencia podían ofrecer. Estos monstruos financieros como UBS, Credit Suisse, HSBC o The Royal Bank of Scotland parecían sin duda la apuesta más segura. Los bancos lo sabían y por ello en un alarde de prepotencia no dudaban en aplicar políticas enormemente selectivas en cuanto a aceptación de clientes o incluso en algunos casos a cobrar por permitir presentar una solicitud, sin garantía de aceptación ni posibilidad de reembolso. El cliente por supuesto debía estar agradecido si el banco se dignaba a acoger sus millones…Pero la prepotencia a veces se acaba pagando y el tiempo muchas veces pone las cosas en su sitio. El caso UBS es muy ilustrativo y ha demostrado en gran parte que estos bancos aparentemente tan seguros parece que no titubean en vender a sus clientes ante el primer síntoma de posibles problemas.

Y es que no sólo han sido algunas de estas instituciones las que han sufrido los mayores escándalos sobre tráfico de datos y levantamiento del secreto bancario, sino que además han pasado serios apuros financieros, precisando en algunos casos de ayudas públicas para salir adelante. El argumento de “es demasiado grande para que puedan dejarlo caer”, si bien en cierta manera sí se ha cumplido, también ha dejado muy tocados a los Estados. En casos como los de Grecia o Islandia, incluso es el propio Estado el que necesita ya de ayudas. Si ya no tiene dinero disponible para dedicar a rescates, la supuesta “seguridad” de los grandes bancos queda también seriamente comprometida.

 ¿Cuál es entonces la alternativa? ¿Meter el dinero en cualquier chiringuito offshore que ha crecido durante la noche? Tampoco es eso, pero existen toda una serie de bancos solventes y legítimos de “segunda línea” que no sólo resultan mucho más discretos por estar lejos de los focos mediáticos, sino que además en muchos casos han llevado una política de inversiones mucho más prudente que los grandes. Los grande bancos podían permitirse el lujo fichar a los grandes “gurús e iluminados” de las finanzas, que son los que finalmente les han llevado al desastre. Muchos bancos más modestos sin embargo, se han seguido apoyando en negocios más tradicionales, como por ejemplo la financiación del comercio, el fomento del ahorro, etc. Si bien la crisis también les ha afectado, el no haber invertido masivamente en exóticos productos de alto rendimiento ha acabado por beneficiarles.

Por supuesto también se aconseja valorar la situación financiera de un banco más modesto a la hora de la elección, pero la ventaja de estas entidades es que por lo general son más transparentes ya que lo tienen más complicado para esconder números negativos, al contrario que los grandes grupos financieros que cuenta con diferentes empresas y filiales offshore entre las que pueden difuminar las pérdidas. Otra estrategia puede ser la diversificación. En vez de depositar todo el capital en una institución grande, puede ser más inteligente repartirlo entre varias más pequeñas. Esto no sólo reduce el riesgo, sino que resulta también más discreto. Un banco más pequeño además estará normalmente más agradecido por sus depósitos y por lo general precisará de una menor cantidad de capital para poder acceder a servicios Premium o de banca privada.

Los tiempos están cambiando y confiar solamente en el secreto bancario como tabla de salvación es cada vez más arriesgado y temerario. Es preciso pensar más allá y desarrollar una estrategia inteligente, evaluando seriamente el binomio riesgo/beneficio. Los tiempos en los que en el mundo offshore funcionaba un único formato válido para cualquiera, hace tiempo que pasaron. Las viejas recetas ya no sirven en la mayoría de los casos y es hora de reinventar.

Muchos piensan que la desaparición de los paraísos fiscales y con ellos de la evasión fiscal, tendría como consecuencia un mundo más justo y próspero. Los que defienden la asfixia de los paraísos fiscales esgrimen sus argumentos: menos evasión de impuestos, significaría mayores ingresos de los Estados y por tanto más recursos para invertir en políticas sociales que aumenten el bienestar de los ciudadanos.

¿Pero es esto realmente cierto?

Recordemos un caso más o menos reciente, con el que podríamos trazar un paralelismo. ¿Recuerdan los tiempos del telón de acero y los regimenes comunistas? En nuestras sociedades occidentales capitalistas, no paraban de adoctrinarnos de lo malo que era el comunismo y sobre lo felices que seríamos todos si desapareciera. Asistimos al desmembramiento del bloque comunista, pensando que este hecho histórico, traería una ola de prosperidad a toda la economía mundial. ¿Pero qué ocurrió en realidad? ¿Se ha ampliado el estado del bienestar en nuestros países? ¿Existe mayor protección de los trabajadores? ¿Ha crecido la clase media y disminuido la pobreza?

Nuestros padres, aunque no contaban con el último modelo de televisión de plasma ni se iban de vacaciones al Caribe, pagaban sus casas en 10 años y compraban sus carros al contado. Endeudarse era algo excepcional, prácticamente limitado a grandes compras como una casa. A nadie se le hubiera ocurrido endeudarse para unas vacaciones o para comprar un aparato de TV. Normalmente, trabajaba un solo miembro de la familia, cuyo salario bastaba para llegar a fin de mes y no era extraño jubilarse en la misma empresa en la que se había trabajado durante toda la vida. En los años 60 y 70, coincidiendo con una de las épocas duras del comunismo, se lograron importantes avances en la protección social de los trabajadores. Asistencia médica, protección e indemnización ante el despido, contratos fijos o vacaciones remuneradas. Los sindicatos comenzaron a ser habituales en las empresas, al menos en el norte de Europa.

Hoy en día, todas estas conquistas están seriamente amenazadas, si no se ha empezado ya a recortarlas. Abundan los contratos basura, se presiona para reducir las indemnizaciones por despidos y no tardaremos en tener que hacer recortes en los sistemas de pensiones o la seguridad social. Precisamos en muchos casos de dos salarios para poder vivir y, aunque tenemos muchos bienes de consumo, gran parte de ellos los hemos comprado a plazos y no los hemos pagado todavía. Lo peor es que muchas familias se ven obligadas a trabajar largas horas para pagar préstamos e hipotecas, mientras los hijos crecen abandonados a su suerte o educados por canguros y guarderías. ¿Realmente somos más prósperos que antes o estamos más esclavizados pero no nos damos cuenta por la cantidad de “morfina consumista” que nos inyectan?

Esta evolución puede que tenga bastante más que ver con la caída del fenómeno del comunismo de lo que en realidad creamos. Además de hacer imposible una verdadera globalización es innegable que el comunismo, por desagradable que pudiera resultar para los que vivían bajo los férreos regímenes de Europa del Este, tenía en cierta manera la función “contrapeso” del sistema capitalista. El sistema capitalista debía “guardar las formas” para hacernos ver lo afortunados que éramos de poder vivir bajo su “manto protector”, no fuera a ser que comenzáramos a hacerle guiños de complicidad al comunismo. Por ello los gobiernos se esmeraron en mitigar los efectos secundarios nocivos del capitalismo, introduciendo altos niveles de protección social y de los trabajadores. Eran medidas necesarias ya que la instauración de un sistema de capitalismo salvaje, hubiera tenido como consecuencia el crecimiento de las clases altas y bajas, corriéndose el riesgo que estas últimas, se alzaran contra el orden establecido exigiendo la instauración de un régimen comunista. Esto ocurrió por ejemplo en algunos países de América Latina, donde se hiló mucho menos fino en la implantación del capitalismo. La velada amenaza del fantasma comunista, propició por ello en muchos lugares, el establecimiento de una forma de capitalismo más humano, más social.

Algo parecido ha ocurrido con los paraísos fiscales frente a los Estados con impuestos altos. Si analizamos el impacto de la aparición de las jurisdicciones offshore durante las últimas décadas, se puede constatar perfectamente como contribuyeron a parar una subida de impuestos que hasta el momento había sido continua. Esto ya ha sido analizado por diferentes economistas y librepensadores. Recomiendo la lectura del artículo de Daniel J. Mitchell, del Cato Institute “Los paraísos fiscales son una bendición”, al que ya se ha hecho referencia en este blog mediante el siguiente post.

El contar con un competidor feroz (esta vez bastante más espabilado que el burocrático y obsoleto sistema comunista) ha hecho que el llamado “cartel tributario”, es decir el grupo de países del primer mundo con impuestos altos, tuviera que tomar medidas. No sólo se vieron forzados a moderar la vorágine recaudatoria, sino también a realizar reformas en determinados impuestos injustos o, lo que es todavía más importante, dar pasos para la mejor administración de sus recursos, luchando contra el despilfarro. De no haber tenido esta necesidad, es más que probable que hubieran continuado las subidas de impuestos a la par que la dilapidación del dinero público. Con la amenaza de los paraísos fiscales sin embargo, cada nueva subida de impuestos suponía un riesgo importante de nuevas huidas de capital y traslados de empresas a otras jurisdicciones.

No falta quien asegura que esta es una afirmación de tinte neoliberal, pero supongamos por una vez qué ocurriría con un Estado que contase con cada vez más recursos, mientras estos se fueran sustrayendo de las empresas y de los beneficios de los individuos. En primer lugar, al igual que ocurría con las obsoletas y burocráticas economías comunistas, el Estado ya no tendría grandes alicientes para realizar medidas de contención del gasto público, ya que podría compensar cualquier déficit con nuevos impuestos, de los que los sufridos ciudadanos ya no tendrían escapatoria a ningún lugar. Esto erosionaría cada vez más el poder económico de las empresas, que contarían con menos recursos para invertir y por tanto también para la creación de nuevos puestos de trabajo o la inversión en investigación y desarrollo.

Por otra parte, el mercado del capital también se resentiría. ¿Al fin y al cabo quién querría seguir realizando inversiones si la rentabilidad fuera cada vez más baja y estuviera sometida a mayores gravámenes? En un sistema en el que el ahorro y el éxito en los negocios se castiga con un sistema progresivo de impuestos que grava fuertemente a las rentas más altas, resulta más rentable endeudarse y acogerse a ayudas públicas, que trabajar duro, invertir o ahorrar. Las consecuencias de esto ya las estamos viendo en parte con la reciente crisis financiera. Cada vez más personas que viven de subsidios y mayor estrangulamiento a los que trabajan. El resultado: menos consumo y menos ahorro.

Pero mientras que en un sistema como el mencionado, las empresas y los inversores, hoy día el principal motor de la economía, se resentirían, ganaría cada vez más importancia el sector público. El “padre “Estado”, bien financiado, se tendría que ocupar de todo aquello que la asfixiada empresa privada ya no podría hacer, dando lugar poco a poco a una economía planificada. Mediante un programa de subvenciones y ayudas se mantendría en un estado semi-vegetativo a grandes sectores de la población, la cual ya no tendría revulsivos suficientes para producir o trabajar más, ya que con la progresividad en los impuestos acabarían cediendo al Estado gran parte de su duramente ganado ahorro. ¿Les suena de algo este sistema? ¿No se parece bastante más a los antiguos sistemas comunistas en los que el Estado omnipresente controlaba el sistema económico? Y de controlar la economía a controlar las libertades de los ciudadanos sólo hay un paso.”Quién paga manda” o como se ha dicho acertadamente: “primero muere el libre mercado, después la democracia”.

Con estas afirmaciones no se trata de hacer una defensa de la evasión fiscal, pero sí reivindicar la libre competencia en materia fiscal. Que el club de los países ricos que conforman la OCDE trate de imponer su modelo fiscal a todos las demás naciones, en caso necesario recurriendo a presiones y sanciones, es todo menos democrático. ¿Acaso es de la incumbencia de la OCDE que otros territorios, ya sean paraísos fiscales o no, quieran cobrar menos impuestos a sus ciudadanos o decidan gravar sólo los beneficios obtenidos dentro de su territorio y no los obtenidos en el resto del mundo? ¿Por qué un país no iba a poder crear legislaciones favorables a los pequeños emprendedores que les permitan empezar un negocio sin importantes cargas sociales o tributarias que lo hagan inviable desde el principio?

¿Por qué no hacemos los mismos esfuerzos por imponer nuestros criterios en otros ámbitos, como salarios mínimos, derechos humanos o ecología? Es inmoral que pequeños países no  cobren impuestos, pero explotar niños, arruinar el medio ambiente o subvencionar productos agrícolas con dinero público para inundar después los mercados del tercer mundo con los excedentes nos parece perfecto. ¿Por qué podemos producir en otro país sin ser penalizados y sin ser obligados a repatriar los beneficios, pero si decidimos invertir en acciones o poner dinero en una cuenta bancaria que estimamos más segura, debemos pagar por ello en nuestro país?
Y este aspecto no tiene nada que ver con dinero ilícito o lavado de capitales. Hoy en día la persecución de estos delitos es ya una política unánime, también en aceptada por los propios paraísos fiscales.

Por todo lo expuesto, aunque desde luego todavía estamos lejos de que desaparezcan los paraísos fiscales, no deberíamos desear demasiado que llegue este momento. Al igual que con la caída del muro de Berlín y los regimenes comunistas nuestros “buenos chicos capitalistas” perdieron la vergüenza y comenzaron a recortar beneficios sociales sin ningún pudor, nuestros “Estados protectores” fácilmente podrían comenzar a perder la vergüenza recaudatoria y sacarnos hasta las entrañas. La economía podría resentirse fuertemente y entrar en parada “cardiorrespiratoria”, ganando el Estado cada vez más protagonismo. “Primero muere el libre mercado, después la democracia”.

Por Aileen Rodríguez