El blog de los paraísos fiscales

Panamá y México cuentan ya con un nuevo tratado fiscal en forma de convenio sobre doble imposición, el cual incluye una cláusula de intercambio de información tributaria. El nuevo tratado fue rubricado entre ambos países el pasado 22 de febrero, con motivo de la Cumbre para la Unidad de America Latina y el Caribe, celebrado en la ciudad mexicana de Cancún. Durante el mismo evento México también formalizó otro tratado similar con las Bahamas.

El nuevo convenio con México es el primer tratado fiscal de esta naturaleza que suscribe Panamá y demuestra la ampliamente anunciada intención de su presidente Ricardo Martinelli de abandonar cuanto antes la “lista gris” de los paraísos fiscales. El nuevo ejecutivo panameño tiene como objetivos fundamentales de su política económica el logro de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, así como la participación en el tratado de asociación comercial entre la Unión Europea y Centroamérica que, se hará realidad previsiblemente en Mayo del presente año. Para ello no dudará en reducir su nivel de opacidad y secreto bancario si esto es preciso para lograr los citados objetivos, los cuales se consideran prioritarios. De hecho, fuentes gubernamentales panameñas ya han confirmado que se está negociando tratados fiscales similares con Italia, Bélgica y España, habiendo iniciado además conversaciones con una decena larga de países más.

Es previsible que Panamá, el único paraíso fiscal 100% hispanoparlante, deje de serlo este mismo año, al menos para España y los otros países que consigan firmar un tratado fiscal.

El secreto bancario está amenazado. Esto ya lo sabemos desde hace bastante tiempo. Desde los atentados del 11S el mercado financiero no ha vuelto a ser el mismo. Por la presión de los Estados Unidos no sólo la práctica totalidad de los países han firmado acuerdos de asistencia legal mutua para casos de terrorismo y narcotráfico, sino que además se han endurecido enormemente las condiciones para abrir cuentas bancarias. Para obtener la tan deseada cuenta offshore, el solicitante debe pasar por todo un calvario de legalizaciones, cartas de referencia e incluso revelar toda suerte de datos y detalles personales y sobre su proyecto empresarial o de inversión.

Si estos procedimientos pueden resultar tediosos y molestos, no han supuesto sin embargo una seria amenaza al secreto bancario en sí, ya que, una vez que se haya cumplido con los requisitos iniciales, el banco normalmente se dará por satisfecho y velará entonces por que la información facilitada sea custodiada con todas las garantías, pudiéndose revelar sólo en casos de delitos muy graves.

Todo lo contrario está ocurriendo con lo que podríamos llamar la “segunda ola” de actuación contra el secreto bancario y que tiene el objetivo básico de ampliar los supuestos que todos comparten (delitos como fraude, narcotráfico o terrorismo) al terreno fiscal. Una de las principales exigencias que se piden a los paraísos fiscales, es que pase a considerarse como delito grave también a la evasión de impuestos.

Curiosamente la filosofía “no necesito privacidad, porque soy honrado y no tengo nada que ocultar” es apoyada por una gran mayoría de los ciudadanos de a pie que piensan que el secreto bancario es un invento de ricos y poderosos para poder ocultar su riqueza. Esto sin embargo es una simplificación excesiva. Al igual que no aceptamos que nos pongan una cámara de vigilancia en nuestra casa, no debería darnos igual que personas extrañas, aunque sean funcionarios gubernamentales, tengan acceso a nuestros datos económicos y privados.

¿Porque, seamos sinceros, realmente el Estado podrá garantizar los datos recopilados estén seguros? Recientemente se ha conocido en los medios de comunicación que el Ministerio del Interior español estaba subcontratando a una empresa de traducciones para ayudarles en casos escuchas telefónicas, investigaciones criminales y otos documentos sensibles. Al parecer muchos de los traductores enviados no reunían las garantías suficientes y no sólo en muchos casos no estaban debidamente cualificados, sino que eran contratados sin ningún chequeo de seguridad. Incluso se produjo un caso en el que la empresa envió a un fugitivo de la justicia como intérprete. Teniendo en cuenta que los mencionados traductores trabajaban para la policía judicial y manejaban datos sensibles, esto resulta más que preocupante.

Es sólo un pequeño ejemplo, pero: ¿quién garantizará que nuestros datos bancarios y económicos no acabará en manos de mafias, competidores o cazafortunas? La corrupción y la descoordinación reinante los Organismos Públicos desde luego no tranquilizan mucho. Pero los Gobiernos están decididos a llegar al dinero de sus contribuyentes, aunque se tenga que hacer a base de pisotear cualquier derecho a la privacidad económica. De hecho, si no lo consiguen por los cauces legales, no dudarán en hacerlo por los ilegales.

Esto lo prueban los tres recientes escándalos de venta de datos bancarios ocurridos en Europa. El primero fue el caso LGT en Lichtenstein, donde un empleado sustrajo un CD con datos sobre contribuyentes alemanes que vendió al Gobierno alemán. Posteriormente un responsable de sistemas del banco HSBC en Ginebra facilitó información al Gobierno francés, aunque según este lo hizo de manera altruista y sin pedir nada a cambio (déjenme dudarlo). Suiza, ante lo que considera un grave delito de violación del secreto bancario pidió la extradición de su ciudadano, pero Francia se ha negado a ello y comunicó que tiene intención de usar los datos obtenidos. Pero no fue el último caso. Al parecer al Gobierno alemán tiene una oferta de un informante anónimo que por 2,5 millones de Euros, ofrece datos sobre cuentas en bancos suizos, especialmente del antaño buque insignia del sector el UBS. Este banco ya quedó seriamente tocado por haber sido forzado a colaborar en una investigación fiscal con los Estados Unidos, los cuales pedían la revelación de datos sobre cuentas de ciudadanos norteamericanos.

Curiosamente, lo que en cualquier otro ámbito político o judicial se consideraría como una violación flagrante del derecho internacional, es decir romper la ley de un país democrático para acceder a datos de manera totalmente ilegítima, en el terreno fiscal de repente parece una práctica justa y aceptable. Claro está, que sólo si es para el propio beneficio. Me gustaría ver lo que ocurriría al revés, si un Gobierno de un país en desarrollo comprara datos sobre depositantes en los bancos de la UE. Se ve que en lo fiscal somos bastante menos escrupulosos. Ya se sabe que cuando se trata de la cartera… Si bien estas prácticas han avinagrado en parte las relaciones de Suiza con sus vecinos, destaca la relativa pasividad con la que el Gobierno helvético está enfrentando estos hechos, ya que sus protestas no han sido todo lo contundentes de lo que cabría esperar. Si los empleados de banca ven como algunos colegas suyos roban impunemente datos y cobran millones de dólares por ello, gozando además de la protección de los Gobiernos comunitarios no tardará en cundir el ejemplo.

Si la picaresca se impone, Suiza estaría relativamente indefensa, porque sinceramente, no me imagino un comando de “gurkas suizos” haciendo una incursión en Francia para capturar y llevar ante la justicia al traidor al secreto bancario nacional… Suiza tiene mucho que perder y desde luego es para ella una vergüenza nacional que dos de estos casos se hayan producido justamente en su territorio y no en algún pequeño y corrupto paraíso fiscal de África. Al final va a resultar que los aprendices de banqueros en jurisdicciones offshore que los suizos consideran de “de poca monta”, defienden mejor su pan que los idolatrados banqueros nacionales con siglos de tradición.

Mientras se dilucida como acabarán estos casos, ¿qué puede hacer el ciudadano que no esté dispuesto a renunciar al secreto bancario y verse cazado en las “redes de arrastre” (pues esto ya no es pesca selectiva) de las voraces administraciones tributarias europeas y norteamericanas? Creo que es hora de cambiar conductas.

Tradicionalmente, la opción más segura, o al menos lo que se vendía como tal, era apostar por los grandes nombres de la banca, que eran los que más garantías de secreto bancario y solvencia podían ofrecer. Estos monstruos financieros como UBS, Credit Suisse, HSBC o The Royal Bank of Scotland parecían sin duda la apuesta más segura. Los bancos lo sabían y por ello en un alarde de prepotencia no dudaban en aplicar políticas enormemente selectivas en cuanto a aceptación de clientes o incluso en algunos casos a cobrar por permitir presentar una solicitud, sin garantía de aceptación ni posibilidad de reembolso. El cliente por supuesto debía estar agradecido si el banco se dignaba a acoger sus millones…Pero la prepotencia a veces se acaba pagando y el tiempo muchas veces pone las cosas en su sitio. El caso UBS es muy ilustrativo y ha demostrado en gran parte que estos bancos aparentemente tan seguros parece que no titubean en vender a sus clientes ante el primer síntoma de posibles problemas.

Y es que no sólo han sido algunas de estas instituciones las que han sufrido los mayores escándalos sobre tráfico de datos y levantamiento del secreto bancario, sino que además han pasado serios apuros financieros, precisando en algunos casos de ayudas públicas para salir adelante. El argumento de “es demasiado grande para que puedan dejarlo caer”, si bien en cierta manera sí se ha cumplido, también ha dejado muy tocados a los Estados. En casos como los de Grecia o Islandia, incluso es el propio Estado el que necesita ya de ayudas. Si ya no tiene dinero disponible para dedicar a rescates, la supuesta “seguridad” de los grandes bancos queda también seriamente comprometida.

 ¿Cuál es entonces la alternativa? ¿Meter el dinero en cualquier chiringuito offshore que ha crecido durante la noche? Tampoco es eso, pero existen toda una serie de bancos solventes y legítimos de “segunda línea” que no sólo resultan mucho más discretos por estar lejos de los focos mediáticos, sino que además en muchos casos han llevado una política de inversiones mucho más prudente que los grandes. Los grande bancos podían permitirse el lujo fichar a los grandes “gurús e iluminados” de las finanzas, que son los que finalmente les han llevado al desastre. Muchos bancos más modestos sin embargo, se han seguido apoyando en negocios más tradicionales, como por ejemplo la financiación del comercio, el fomento del ahorro, etc. Si bien la crisis también les ha afectado, el no haber invertido masivamente en exóticos productos de alto rendimiento ha acabado por beneficiarles.

Por supuesto también se aconseja valorar la situación financiera de un banco más modesto a la hora de la elección, pero la ventaja de estas entidades es que por lo general son más transparentes ya que lo tienen más complicado para esconder números negativos, al contrario que los grandes grupos financieros que cuenta con diferentes empresas y filiales offshore entre las que pueden difuminar las pérdidas. Otra estrategia puede ser la diversificación. En vez de depositar todo el capital en una institución grande, puede ser más inteligente repartirlo entre varias más pequeñas. Esto no sólo reduce el riesgo, sino que resulta también más discreto. Un banco más pequeño además estará normalmente más agradecido por sus depósitos y por lo general precisará de una menor cantidad de capital para poder acceder a servicios Premium o de banca privada.

Los tiempos están cambiando y confiar solamente en el secreto bancario como tabla de salvación es cada vez más arriesgado y temerario. Es preciso pensar más allá y desarrollar una estrategia inteligente, evaluando seriamente el binomio riesgo/beneficio. Los tiempos en los que en el mundo offshore funcionaba un único formato válido para cualquiera, hace tiempo que pasaron. Las viejas recetas ya no sirven en la mayoría de los casos y es hora de reinventar.