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Secreto Bancario en la Unión Europea

Secreto Bancario en la Unión Europea - PARAISOS FISCALES

Secreto Bancario y Confidencialidad en la Unión Europea

Es propio de todo el negocio bancario mantener la confidencialidad. Esta confidencialidad bancaria, que no debería llamarse secreto bancario, es en la mayor parte de los bancos del mundo una metáfora.

Los datos bancarios pueden ser conocidos por multitud de empresas y organismos gubernamentales. Lo que se busca en las jurisdicciones offshore es que tales datos estén protegidos de de las autoridades fiscales del país de residencia. Por esta razón, los bancos de los paraísos fiscales ponen un acento especial en el secreto bancario y discreción bancaria.

Según Pereira de Suiza, "el secreto bancario es la posibilidad jurídica que tengan profesionales o instituciones financieras de negar a las autoridades (nacionales o internacionales, por vía directa o judicial) el suministro de informaciones relevantes con respecto a movimientos financieros, el origen de los capitales, o la identidad de personas físicas o jurídicas para las cuales prestan servicios". Esta posibilidad puede ser otorgada por la constitución de un país, sus leyes, reglamentos o sentencias judiciale previas.

El origen legal del secreto bancario se remonta al Código Penal Napoleónico, equiparado al secreto de la relación entre un un profesional y su cliente. En Europa, Suiza, Mónaco, Andorra, San Marino y Liechtenstein conservan el secreto bancario. A partir del momento en que entre en vigor la directiva fiscalidad del ahorro prevista para mediados de 2005, Austria, Bélgica y Luxemburgo mantendrán el secreto bancario, pero practicarán la retención en origen, comenzando en el 15%, a los titulares de las cuentas que sean residentes en los países de la Unión Europea. El 75% de las retenciones se abonará a sus países de residencia. En general, el secreto bancario se va perdiendo progresivamente. La tendencia del cliente interesado en la opacidad es pasar a esquemas que dificultan la penetración por terceros, basados en la constitución de trusts y en jurisdicciones muy opacas. Muchos países siguiendo distintos acuerdos internacionales, como la Convención de Viena, promovida por las Naciones Unidas en 1988 contra el tráfico de drogas, y las instrucciones de la OCDE y del Grupo de Acción Financiera (GAFI) del G-7 han implantado medidas para limitar o suprimir el secreto bancario. Por tanto, el secreto bancario no es total ni siquiera en las jurisdicciones con secreto bancario tradicional. Autoridades policiales y judiciales colaboran activamente a nivel internacional, especialmente en lo que concierne a delitos o sospecha de delitos relacionados con el narcotráfico, la corrupción política, el terrorismo y el blanqueo de dinero procedente de actividades delictivas. La mayoría de las legislaciones establece que se puede levantar por orden de un juez o tribunal en persecución de un delito grave, lo que es más fácil de conseguir en unos sitios que en otros. Depende de la naturaleza del delito y si .éste es considerado como grave en el territorio, de los acuerdos entre las diferentes jurisdicciones y de la legislación general y de la práctica habitual en el lugar. Cuando el objetivo prioritario es la búsqueda de la privacidad, hay que inclinarse por países con secreto bancario reconocido por ley, en la que se establecen penas de cárcel y fuertes multas para aquellos empleados que revelen datos de las cuentas de los clientes. Pero no está de más averiguar cuáles son los límites reales, además de los legales, de la confidencialidad. El procedimiento es no sólo conocer la legislación del país, sino los casos y antecedentes al respecto. Una norma añadida de discreción es saber si el banco guarda sus archivos y realiza las operaciones en sus propias instalaciones offshore. Se sabe que algunos bancos llevan a cabo sus operaciones electrónicas en una sede radicada en otro lugar, que puede ser un país fiscalmente transparente o sensible a las presiones de las autoridades locales. Las autoridades norteamericanas pueden llegar a ejercer cierto control sobre los bancos que compensan los cheques en dólares a través de sus sucursales en los Estados Unidos. En tal caso, podrían pedir información sobre los beneficiarios de las cuentas que intervienen en la negociación de dichos cheques. En los últimos años el gobierno de los Estados Unidos ha presaonado a muchos países para convertirse en "colaboradores" y para que proporcionen información sobre sus clientes norteamericanos o que manejen cuentas en dólares. El secreto bancario puede reforzarse a través de la relación abogado y cliente. Mientras que el secreto bancario no existe al cien por cien, el secreto en la relación abogado-cliente está respetado en todos los países del mundo. Un abogado puede mover o disponer fondos de un cliente sin la obligación de revelar nada. Se trata de un secreto más seguro que el bancario, si no fuera porque algunos abogados pueden verse obligados a revelar datos ante un tribunal porque han actuado para su cliente no como tales abogados, sino como agentes en operaciones financieras, en la constitución de sociedades offshore o como fideicomisarios. Esta situación se produjo durante el llamado "Caso Banesto", en el que el abogado J. R. Rigal Marcos fue admnistrador de la sociedad Euman y presidente de la sociedad Promociones Hoteleras. Ambas sociedades se considera que estaban controladas por Mario Conde. Sin embargo, el letrado Sr. Rigal se negó a contestar a las preguntas de la juez, acogiéndose al secreto profesional de abogado. No obstante, la juez consideró que no se le interrogaba por su condición de letrado del cliente, sino por los cargos de responsabilidad que ocupó en las citadas sociedades. No siendo aplicable aquí el secreto profesional, el abogado está obligado a declarar. Las directivas europeas contra el blanqueo de capitales obligan también a los abogados cuando actúen en asuntos ajenos al ejercicio del derecho de defensa.

El secreto bancario en España 

En España el secreto bancario como tal no existe. La discreción que envuelve las actividades comerciales se aplica a la relación banquero cliente, que no deja de ser una relación de confianza, al mismo nivel que el secreto en las transacciones comerciales. El secreto bancario no está reconocido por la ley, por más que la doctrina del Tribunal Constitucional reconoce el deber de guardar el secreto bancario basado en el derecho a la intimidad de los clientes. El secreto bancario se equipara en la jurisprudencia al secreto profesional, ya que los datos relativos a la situación económica de una persona pertenecen al ámbito de su intimidad y están protegidos por la Constitución (Enciclopedia Profesional de Banca y Finanzas. El hecho es que este secreto se levanta con facilidad, no sólo por indicación de los tribunales de Justicia, sino también por la normativa fiscal que obliga a los bancos a suministrar información a la Hacienda Pública, a las Haciendas locales y a la Tesorería de la Seguridad Social.

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